Las Balanzas Fiscales
AGUSTIN VILLANUEVA PAZOS
Profesor de Economía Aplicada de la UMH
LAS BALANZAS FISCALES
El Estado surgido de la Constitución de 1978 es una Estado descentralizado en el que se opera una amplía redistribución territorial del poder político. La soberanía pertenece al Estado de forma indivisa e irrenunciable, aunque se produce en su seno una amplía descentralización de competencias, incluidas las legislativas. El profesor Garcia de Enterría dice que las Comunidades Autónomas no son simples entes administrativos de gestión de intereses subalterno, sino que poseen una verdadera sustancia política por su misma posición constitucional y, paralelamente, cuentan con un elenco de funciones y de poderes que igualmente tienen naturaleza política, como revela, de manera especial, la circunstancia de que cuentan para la gestión de tales funciones con el poder político por excelencia, que es el poder legislativo, el poder de hacer leyes formales y, por tanto, de configurar políticas propias con la máxima amplitud, en cuanto que ordenadas directamente de la Constitución. Los principios de unidad, autonomía, competencia, igualdad y solidaridad, son los principios jurídico-políticos sobre los que se asienta el modelo desarrollado por el Titulo VIII de nuestra constitución.
En un estudio de Utrilla, Sastre y Urbanos se trata de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿cómo contribuye cada autonomía al funcionamiento de las Administraciones Públicas? ¿qué recibe cada una de ellas de las Administraciones Públicas?. El profesor Ezequiel Utiel se formula así mismo otras preguntas: ¿Cómo imputar regionalmente los ingresos de la Administración Pública Central? Y ¿Cómo imputar regionalmente sus gastos? A partir de dichas respuestas se obtienen los saldos de las balanzas fiscales. Las Balanzas Fiscales son por tanto necesarias para conocer la contribución que cada comunidad autónoma realiza a la solidaridad interrritorial, pero no se deben utilizar para proyectar las reivindicaciones políticas de un determinado territorio. Hay que tener muy claro que el estado Autonómico ha sido y es algo positivo, pero se puede convertir en una pelea entre familias, sobre todo si los políticos de las autonomías más prósperas utilizan un discurso demagógico.
En un informe del profesor Alberto Recarte (el cual me referiré en este artículo) sobre “El engendro de las balanzas fiscales autonómicas” manifiesta que últimamente se suceden los estudios, en un próximo artículo escribiremos sobre el informe de la Fundación BBVA, que valoran las balanzas fiscales de las distintas autonomías y que, en líneas generales, han valorado en torno a 12.000 millones de euros la aportación neta de Madrid y de 10.000 millones de euros la de Cataluña. En su opinión las bases del estudio del BBVA no son muy sólidas porque primero identifican ingresos en caja en las delegaciones de Hacienda de las distintas autonomías, como distribución de las mismas. Para cuantificar los gastos, utilizan la documentación oficial, la cual, a su vez, como reconoce el propio Ministerio de Hacienda, tiene problemas de adscripción, sobre todo en el caso de las inversiones, hasta el punto de que cerca del 40 % de todas las inversiones públicas se consideran no regionalizables. El profesor Recarte a continuación explica su escepticismo respecto a los cálculos y sobre el error que significa no tener en cuenta las balanzas fiscales históricas, las obligaciones de la seguridad social, la deuda pública de la administración central y, sobre todo, el efecto de las políticas económicas generales.
La UE transfiere a España actualmente alrededor de 6.400 millones de euros, lo que supone el 0,8 % nuestro PIB; la mayor parte de esta contribución es de Alemania, teniendo en cuenta que Alemania soporta un altísimo déficit público. El objetivo es aumentar la renta per capita de nuestras regiones más atrasadas. La ayuda de la UE se produce no sólo por generosidad, sino como una forma de compensar la apertura del mercado español a las empresas más competitivas de los países de la Unión. Los impuestos y las personas, los impuestos no lo pagan las autonomías, sino las personas y, en este sentido, toda la información disponible indica que quien paga es la clase media. La unidad nacional, España es una unidad en la que los ingresos, y los gastos, deben estar determinados por los intereses de la nación en su conjunto, lo que debería llevar a modificaciones en la política de gasto en función de las necesidades de la economía nacional; en la actualidad, la extensión del AVE para gran parte de España y el plan hidrológico nacional, son políticas nacionales que ayudan a la vertebración del territorio, a hacer de España un mercado único en el que todos tengan las mismas oportunidades, y la competencia sea efectiva. ¿A quién beneficia esas inversiones? ¿Hay alguien capaz de distribuir entre las distintas autonomías esos gastos y, a continuación, defender que los intereses de cada autonomía van a mejorar en proporción a lo que haya invertido – físicamente- en ellas?
Veamos los ingresos públicos por los principales impuestos. Es evidente, como señala en su informe Alberto Recarte, que en relación con los impuestos generales de ámbito nacional, los españoles pagan los mismos impuestos en todas partes: IVA, sociedades y cotizaciones sociales – con algunas salvedades- y en impuestos especiales, y, también, con mayores matices, en el caso del IRPF, donaciones y patrimonio. Cada español para cantidades diferentes por cada impuesto, pues esos pagos, son proporcionales a los ingresos declarados por renta y patrimonio, por la nómina declarada y por el gasto, en el caso del IVA. En la medida en que los españoles que viven en Madrid, Cataluña y Baleares tienen una renta mayor que la media, pagan más y, como gastan más, también pagan más por IVA e impuestos especiales. Este tipo de impuestos, fijos y no progresivos, a nivel personal, discriminan negativamente, de hecho, a las personas que tienen menor nivel de renta y, por tanto, lo mismo, se podría decir de las autonomías, más pobres, aunque mejor sería siempre hablar de personas. La razón de esta discriminación es que las rentas recibidas por todos los conceptos por los habitantes de una autonomía, una vez pagados todos los impuestos, se convierten en los que se denomina “renta disponible”, que se puede gastar libremente en lo que se quiera. El resultado es que la renda disponible de las personas con renta más bajas que viven mayoritariamente en las autonomías más pobres, se reducen lo mismo proporcionalmente que las de las más prósperas, pero lo que les resta, tras hacer frente a los gastos más elementales es mínimo.
Sucesiones, donaciones y patrimonio. Las autonomías más ricas entre las de régimen común, Madrid, Cataluña y Baleares, son las que más ingresan por esos conceptos., alrededor de 600 millones de euros anuales cada uno.
En cuanto el IRPF y dado el nivel de renta medio de las autonomías más ricas, se puede considerar que el impuesto adicional que significa la progresividad es lo que pagan, de más, las autonomías en las que viven personas que tienen mayores rentas declaradas. Es decir, si la renta media en esas tres autonomías es superior en un 30% a las del resto de las autonomías de régimen fiscal común, el carácter progresivo del impuesto se traduce en un pago por IRPF más que proporcional. Si como parece el tipo medio de IRPF en las autonomías más pobres es del 25%, el de las más ricas, Cataluña, Madrid y Baleares, posiblemente es del 35% sobre lo declarado. Los datos de FUNCAS para 2002 son que los ingresos públicos por el concepto de impuestos directos sobre las familias fueron de 11.352 millones de euros en Cataluña, 11.997 en Madrid y 1.178 millones en Baleares; en conjunto 24.500 millones de euros frente a una recaudación nacional de 51.646 millones.
Sobre las cotizaciones socales, que podemos también considerar como impuesto progresivos, existe un pago mayor en las autonomías donde están dadas de alta personas que declaran mayor renta, pero el límite máximo de cotización se alcanza muy rápidamente, por lo que no puede considerarse que exista un sobrepago por este concepto.
Acerca del impuesto sobre sociedades, podemos decir que es otro impuesto que confunde a los políticos de las autonomías más ricas. ¿Dónde se genera el beneficio de una sociedad que paga sus impuestos en una determinada autonomía? ¿en la propia autonomía? ¿En el resto de España? ¿cómo se asigna una actividad a una región u otra? ¿en función de las ventas? ¿de los precios de venta de cada autonomía? ¿de los márgenes netos comerciales logrados en cada autonomía? ¿Qué ocurre con los beneficios regionalizados, una vez descontadas las actividades de promoción? ¿Y qué ocurre con los beneficios derivados de las ventas al exterior, ya que se exporta el 31% del PIB? ¿y con los beneficios de las importaciones? ¿Y como distribuir los pagos por este impuesto entre autonomías en el caso de las multinacionales, y que tienen precios internos de transferencias y que siempre tratan de ajustarlos para pagar lo menos posible? ¿cómo discriminar entre sociedades que sólo tienen el domicilio fiscal en una autonomía, y en ella se contabiliza el impuesto de sociedades y dónde se genera realmente el beneficio? En el caso de Madrid y Barcelona se domicilian miles de empresas que tienen su actividad principal en otros ámbitos territoriales, pero a las que la capitalidad o el significado económico de Barcelona, impulsan a darse de alta fiscalmente en ellas. ¿Dónde residen los accionistas?, pregunta casi imposible de contestar.
En cuanto al IVA, dado que es un impuesto de tipo único en toda España, podemos decir lo mismo que con lo que hemos dicho sobre el impuesto de sociedades, y por tanto tampoco se puede regionalizarse los ingresos que se producen por este concepto. Por ello el IVA no puede distribuirse con carácter autonómico.
Veamos el reparto del gasto público. El criterio para asignar el gasto presupuestario es el poblacional, y se ha complementado con el de la superficie, la densidad de población y la insularidad, además de otros diferentes para los gastos sanitarios, como la edad, Respecto a la inversión, el criterio ha sido el de gastar un mayor porcentaje en las autonomías con menor nivel de renta, igualando el criterio que nos aplica la UE para los proyectos que se financian a través de los fondos estructurales y fondos de cohesión. El Fondo de Compensación Interterritorial está dotado con 1.011 millones de euros para 2004. El Fondo de Suficiencia es algo más de 25.000 millones de euros; solo dos autonomías, Madrid y Baleares tienen recursos más que suficientes, que devuelven al presupuesto del estado por un total de 320 millones de euros. El acuerdo unánime alcanzado en 2001 entre todas las comunidades autónomas y el estado establecía que el gasto público se produciría en un 94% en función de la población, un 4,2% en función de la superficie, un 1,2% en función de la dispersión de la población y el 0,6% restante se destinaba al pago por insularidad. Con excepción a este criterio de reparto del gasto, el 75% del gasto sanitario total se distribuía en base a la población, el 24,5 en función de los mayores de 65 años, y el restante 0,5% se asignaba a las islas.
En el caso de nuestra Comunidad Autónoma Valenciana en el período 2001-2005 fue la cuarta región con saldo negativo (por detrás de Madrid, Cataluña y Baleares); pero nuestra Comunidad en la novena de las más ricas, por ello La Rioja, Aragón y Cantabria que tienen mayor PIB, reciben ayudas de los ciudadanos valencianos. Nuestra Comunidad debe exigir un nuevo modelo de financiación que tenga en cuenta el incremento poblacional (estamos rozando los cinco millones de habitantes)
La dificultad de cómo imputar el reparto de las inversiones públicas (por ejemplo AVE, AENA, la deuda de la administración central, las obligaciones de la seguridad social, etc.) es la mejor demostración de que toda la discusión sobre balanzas y transferencias fiscales entre autonomías es un disparate. Sobre todo pensando en España como nación y que los sucesivos gobiernos nacionales se han tomado con criterios nacionales, aun a sabiendas que a veces se estaba beneficiando a algunas regiones sobre otras pero siempre sobre la base de intereses generales a largo plazo. Por tanto, y según criterio de Recarte, nadie tiene argumentos suficientes y probados para decir que el actual sistema fiscal perjudica a unas autonomías y beneficia a otras, o que una autonomía transfiere fondos a las otras. Nuestro sistema fiscal y económico no está pensado en estos términos, sino en clave nacional. Lo que importa son las personas, no los territorios, del carácter que sean.
AGUSTIN VILLANUEVA
2011 /05/ 08
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